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EL AGUIJÓN
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Un gobierno que pretenda alcanzar el equilibrio social de su país no puede descartar la necesidad de fortalecer la formación y compensación salarial de sus funcionarios, y los trabajadores en general, en el entendido que desde allí se prestan servicios y atención a los ciudadanos. Igualmente sucede con la inversión que debe hacerse en la infraestructura. La desmotivación hace que la función gubernamental se vea afectada en la calidad del servicio, y las personas terminan quejándose, alterando la paz laboral y el desarrollo de la sociedad.
Los funcionarios públicos no están recibiendo sueldos y salarios ajustados a la realidad socioeconómica que reina en Venezuela. Los revolucionarios del siglo XXI se han mantenido cerrados bajo la excusa de las sanciones económicas, para no reconocer el descalabro al que indujeron al país por su terquedad y mezquino pensamiento excluyente. En eso llevan 20 años. El alto costo de la vida, la pérdida del valor adquisitivo del bolívar y la especulación, no cesan en golpear el pírrico ingreso que han recibido los asalariados gubernamentales. Los detalles para resolver la situación son determinados por el discurso banal, sustentados en la ausencia de la responsabilidad que asumieron al momento de ser electos para el ejercicio del poder.
El desprecio que tiene el régimen por la actividad privada hace que la gerencia pública lo asuma todo, incluso pretendiendo regular que es lo que se debe producir, repartiendo la pobreza y la miseria por toda la geografía nacional. Lo mismo pretenden hacer con la educación. No hay que negar que en eso son excelentes administradores. Cualquier pretexto es saludable para el oficialismo en su exigencia de ocultar la realidad, afectando la moral de los trabajadores y el incremento de las condiciones deplorables en la prestación de los servicios públicos.
La diáspora ha mermado la calidad de la mano de obra calificada y de profesionales en las instancias de la administración pública y privada. Ya suman varios los años en que se hace la denuncia para que los que aún se mantienen en el país sean bien atendidos, pero la sordera es la compañera de los compatriotas mismos. Desprecian lo concreto y se van por las ramas. Son olvidadizos por comodidad y desenfundan contra el reclamo de la clase trabajadora y las instituciones que les representan.
Los funcionarios públicos deben ser valorados con base a la importancia, complejidad de su trabajo, nivel educativo, experiencia, y acordar salarios que dignifique las labores que desarrollan. Ellos garantizan la atención de los ciudadanos, y son baluartes fundamentales en el desarrollo económico y social del país. Así es que se garantiza la paz laboral y la atención proactiva hacia los ciudadanos. 2023 ha sido un año de desatención a la inversión y mejoramiento de los funcionarios de la administración pública en todos sus niveles. Eso es imborrable.
Arturo Molina
Arturo Molina es educador y político venezolano. Conduce el programa de radio Verdades y Visiones por Éxtasis 97,7 FM (Táchira Venezuela) Para más información del autor pincha en los siguientes enlaces:
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Correo: jarturomolina@gmail.com
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