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EL AGUIJÓN
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Vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos con aprobación de Leyes que se encuentran fuera del marco que allí se regula, es un flagelo que atenta contra los pilares de la libertad y la democracia. Lamentablemente ha sido está una practica recurrente en la historia, sustentado en argumentos falaces para controlar las libertades individuales, la información, y con eso el debilitamiento de las instituciones.
La historia contemporánea venezolana reseña la represión política con la propia existencia de la república, conociéndose incluso de las atrocidades cometidas cuando salían del poder los gobernantes. Entre algunas que se pueden nombrar, destacan en ese ritual de exabruptos las de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Evangelista Pérez Jiménez (1952-1958). Destierros, detenciones, desapariciones forzadas, tortura y asesinato a disidentes, era el estilo que regulaba la gestión gubernamental de esa clase de gobernantes. Cualquier situación era una excusa para lanzar la represión contra el pensamiento distinto.
En Chile la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), hizo efectivas una serie de leyes represivas para restringir la libertad de expresión, reunión y asociación. La clausura de los medios de comunicación era permanente. La persecución a profesionales del periodismo y disidentes era la tarea del día a día. Todo eso con la finalidad de aplicar la censura férrea sobre la información. Las consecuencias que trajo tales destemplanzas para la sociedad de ese país fueron devastadoras. A miles de personas se le violentaron sus derechos humanos (DDHH), y el clima de terror y miedo impuesto, sumió en un profundo atraso cultural y social a esa nación. Hoy transitan el camino hacia el desarrollo, bajo el manto del sistema de libertades, y el respeto a la forma civilizada para dirimir las diferencias.
El régimen racista del apartheid en Sudáfrica (1948-1994) llevó adelante una serie de leyes que discriminaban a la población negra, y con ello le privaban del derecho a la educación, el trabajo y la participación política. Reprimieron cualquier forma de disidencia y la persecución era tenaz. Con eso dividieron la sociedad, e impusieron la violencia como estilo de vida, fortaleciendo la impunidad e injusticia. Salieron del problema por la vía del acuerdo civilizado.
En Venezuela en pleno siglo XXI, se vive la pretensión de imponer el atraso de la mano de un gobierno que se niega a dejar el poder por la vía pacífica, electoral, y utiliza mecanismos de coacción para sostenerse en el mismo. La supuesta Ley contra el fascismo que presentó el régimen a la Asamblea Nacional y que fue aprobada en primera discusión, no es otra cosa que la descabellada idea para liquidar definitivamente el sistema de libertades, violando la establecido en la Constitución de la República de Venezuela, en su artículo 57: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. ¿Cómo se promueve una Ley que se encuentra fuera del marco Constitucional, sin haberla modificado antes? ¿Se requerirá de un referéndum aprobatorio, o simplemente la impondrán? Viene la segunda discusión, ¿Qué resultados traerá el mismo? Dentro de la Constitución todo. Fuera de la Constitución, nada.
Arturo Molina
Arturo Molina es educador y político venezolano. Conduce el programa de radio Verdades y Visiones por Éxtasis 97,7 FM (Táchira Venezuela) y Trinchera Tachirense los sábados y domingos en Canal 21 (Táchira Venezuela) Para más información del autor pincha en los siguientes enlaces:
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